La motosierra ya se aplicó a 47.000 empleos de los organismos públicos

La “motosierra” ya se convirtió en el eje de la campaña electoral. Las protestas en el Hospital Garrahan por los bajos salarios, la nena con lupus pidiendo que Milei la ayude porque los médicos residentes la hacen “reír” y carteles advirtiendo “bajen la motosierra, aquí hay solo chicos enfermos”, se ubicaron en temas de agenda claves, potenciados por el espíritu electoral.

El último censo realizado por el gobierno en estos días verificó que 47 mil estatales se quedaron sin empleo desde diciembre de 2023, cuando Milei asumió.

Milei dice que ya se logró una caída del 30% real en el gasto público. En un año y medio, el gasto público consolidado, no solo de la Nación, sino también de las provincias, y en menor medida de los municipios, bajó más de 10 puntos porcentuales con relación a un PBI que ronda los U$S600.000 millones. El objetivo es reducir el gasto en otros 10/15 puntos.

Cuando asumió La Libertad Avanza, el peso del gasto público era equivalente al 45% del Producto. Ahora está en alrededor del 32%. Y el objetivo es achicarlo al 25% (unos U$S150.000 millones anuales). Con un detalle: aunque la economía crezca -este año se espera una suba del 6%-, la intención es que el gasto público casi se mantenga en términos nominales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, acaba de decirle a empresarios que, si se logra sostener el crecimiento a esos niveles, en seis años le devolverán al sector privado “500.000 millones de dólares en baja de impuestos”. Fue en el reciente encuentro de la Fundación Federalismo y Libertad, en Tucumán.

Desde que asumió Milei, ya se eliminaron 200 áreas y 10 ministerios. Y se dieron de baja 47 mil contratos.

En ese contexto, el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger avanza en la eliminación o fusión de organismos. Pero existe un detalle: le quedan menos de 40 días para hacer uso de las facultades delegadas incluidas en la Ley Bases que votó el Congreso. Hasta el 8 de julio se podrán, por ejemplo, eliminar o fusionar organismos del Estado.

Por eso, el Gobierno aceleró en la última semana y decidió el cierre y fusión de 8 organismos que formaban parte de la estructura de la Secretaría de Cultura, incluidos los institutos Yrigoyeneano y Eva Perón. Los organismos serán unificados bajo una sola unidad organizativa de la istración central. El objetivo, según el gobierno, será evitar funciones duplicadas y garantizar una “mirada plural de la historia argentina”.

En el marco de estos cambios, el Banco de Datos Genéticos, además, pasó a depender de Jefatura de Gabinete. Y se redujo el 20% de los empleados del Instituto Nacional del Teatro, donde también se eliminaron cargos ejecutivos.

También se decidió que la Secretaría de Derechos Humanos sea convertida en Subsecretaría, lo que posibilitará recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal.

Según Sturzenegger, en la mayoría de los organismos auditados se encontró una ecuación parecida: el 65% se gastaba en sueldos y funcionamiento, mientras que solo el 35% restante llegaba a potenciar la actividad principal para la que habían sido creados.

El gobierno considera que la mayoría de esas estructuras fueron sobredimensionadas o creadas durante el kirchnerismo para “ubicar a militantes, que se transformaron en ñoquis”.

Todo forma parte de las más de 2.000 normas que “regulan la actividad privada y afectan la libertad del mercado, que serán derogadas”, agregan.

El Gobierno ya había cerrado el Procrear y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, y había reducido a su mínima expresión el Fondo de Integración Socio Urbana. “Solo servían para transferir dinero a organizaciones políticas afines al kirchnerismo”, aseguran.

También mencionan los casos de la ANMAT (supervisa medicamentos y alimentos), el INTA (agro) y el INTI (industria).

De esos tres organismos claves, la ANMAT seguirá funcionando en forma individual, pero con una revisión total del uso del gasto y de su personal istrativo. En el caso del INTA y el INTI, pasarán a la órbita del Ministerio de Economía, ya no serán descentralizados.

En la mayoría de los organismos se encontró que el 65% del presupuesto se gastaba en sueldos